La fiscalización se refiere a la pretensión de domesticar y limitar el ejercicio del poder de los funcionarios o instituciones del Estado desde el mismo marco jurídico institucional. En el artículo 11 de la LFTAIPG se menciona que informes, auditorías y verificaciones deberán hacerse públicos. Se trata de la piedra angular en la rendición de cuentas ya que es una acción judicial que busca el control y vigilancia.
De manera general el término implica recaudación de impuestos. Dada la magnitud de su fondo este proceso busca con ahínco permitir favorecer la transparencia masiva o selectiva.
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